Las empresas organizadoras del Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia serán las encargadas de imponer sus propias condiciones de admisión tras constatar el "rechazo" de la Unión Ciclista Internacional (UCI) "a volver a un modelo deportivo abierto". Los organizadores, con independencia de los criterios de clasificación, se reservan "el derecho a rechazar la participación de cualquier corredor o miembro del equipo cuya presencia pudiera perjudicar la imagen de la carrera", en alusión a posibles casos de dopaje.
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